La Directiva (UE) 2024/2881 otorga un papel destacado a la elaboración de planes de acción a corto plazo como instrumento esencial para proteger la salud de la población frente a episodios agudos de contaminación atmosférica.
Estos planes deben establecerse cuando exista riesgo de superación de los umbrales de alerta y deben aplicarse cuando se produzca o se prevea dicha superación fijados para contaminantes como el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, las partículas en suspensión (PM10 y PM2.5) o el ozono troposférico, que se encuentran definidos en la sección 4 del Anexo I.
Su finalidad es, por tanto, disponer de mecanismos inmediatos que permitan reducir rápidamente la exposición ciudadana y limitar las consecuencias adversas, en particular en grupos vulnerables como personas mayores, niños o pacientes con enfermedades respiratorias y cardiovasculares.
El artículo 20 de la Directiva regula expresamente estos planes de acción, estableciendo que deben incluir medidas de emergencia, y es recomendable que incorporen elementos como los siguientes para garantizar su eficacia práctica: cada plan debe identificar las zonas y poblaciones afectadas por el episodio, enumerar las fuentes de emisión que contribuyen significativamente al aumento de contaminantes, describir las medidas inmediatas de reducción que puedan aplicarse, especificar las autoridades responsables de ejecutar cada actuación y detallar los mecanismos de coordinación entre distintos niveles administrativos. También deben contemplarse los procedimientos de información al público y a los grupos sensibles, la previsión de cooperación transfronteriza en caso de episodios que puedan afectar a varios Estados miembros y un calendario operativo que defina cómo y en qué plazos se aplicarán las medidas.
La Directiva complementa estas exigencias con el Anexo IX, que ofrece una lista de medidas de referencia que los Estados miembros deben tener en cuenta al elaborar los planes. Entre ellas figuran restricciones temporales al tráfico rodado, la promoción de transporte público gratuito o a bajo coste, la suspensión de determinadas obras de construcción o la recomendación de teletrabajo para reducir desplazamientos. Asimismo, los planes deben prever sistemas eficaces de seguimiento que permitan evaluar la efectividad de las medidas y su revisión periódica a la luz de la experiencia adquirida. Las medidas relativas a industria, calefacción doméstica y agricultura están previstas en el artículo 20.2 pero no forman parte del Anexo IX.
De este modo, los planes de acción a corto plazo dejan de ser simples instrumentos normativos y se convierten en herramientas operativas de gestión de emergencias ambientales. La Directiva exige que toda la información relacionada con los episodios de contaminación y las medidas adoptadas sea accesible, clara y gratuita para la ciudadanía, de modo que la población disponga de advertencias y recomendaciones oportunas a través de distintos canales de comunicación.
La elaboración de planes de acción a corto plazo conforme al artículo 20, en conexión con los umbrales del Anexo I y la lista de medidas del Anexo IX, no constituye un mero requisito formal, sino una estrategia preventiva y práctica destinada a reducir la exposición inmediata de la población en situaciones de riesgo agudo. Su correcto diseño y aplicación refuerza la confianza pública en las políticas ambientales, fomenta la transparencia y asegura que los Estados miembros actúen con rapidez, coordinación y eficacia en defensa de la salud y el bienestar de sus ciudadanos.